Nuestra
sociedad se debate entre la inclusión y la exclusión social, poniendo en
evidencia lo que las personas deberían legítimamente poseer y no poseen, como así también lo que esas personas podrían
ser y no alcanzan a lograr[1].
Con el objetivo de revisar y recurar el papel de las instituciones y sus prácticas en función de la construcción de una cultura solidaria y democrática, donde se establezca continuidad de compromiso en las acciones que facilitan el desarrollo de firmes lazos de integración y promoción humana, de cualidades pro-sociales, del fomento de la igualdad y la calidad educativa, se ha acordado un trabajo mancomunado, orgánico y sistemático de coordinación, formación, asesoramiento y planificación entre el Ministerio de Desarrollo Social desde la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales y el Ministerio de Educación desde la Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y calidad Educativa; impulsando así, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y el mutualismo en los procesos de enseñanza aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con
“m) Incorporar el cooperativismo, mutualismo
y asociativismo en todos los procesos de formación, en concordancia con los
principios y valores establecidos en la Ley Nacional Nº 16.583 y sus normas
reglamentarias”, como así también Ley Provincial de Cooperativas Nro. 8569.
Cabe destacar que en el año 2011 y gracias al trabajo
conjunto entre los Ministerio de Educación y Desarrollo Social, se publicó
también el Documento “Educación Cooperativa y Mutual”.
La política jurisdiccional se propone
avanzar progresivamente hacia un enfoque transversal del cooperativismo y
mutualismo educacional, evitando depositar la responsabilidad del proyecto
en una única disciplina o referente institucional, para garantizar así su
continuidad en el tiempo y un mayor impacto en la trama de las organizaciones
educativas y comunitarias.